En plena era de la información y de la seguridad y privacidad online, la Argentina avanza hacia una actualización normativa fundamental con la presentación en el Congreso del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.
La iniciativa, que busca garantizar el derecho fundamental de las personas a la protección de sus datos y su privacidad, pone especial énfasis en los desafíos del entorno digital y online, alineándose con los estándares internacionales más exigentes.
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El proyecto, presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, reconoce explícitamente la necesidad de regular el tratamiento de datos personales en un mundo cada vez más digitalizado.
Según el texto, la ley se aplica a cualquier tratamiento de datos, ya sea automatizado o no, y abarca tanto a actores públicos como privados, independientemente de si los datos se encuentran en bases físicas o digitales.
Uno de los aspectos más innovadores es el principio de “neutralidad tecnológica”, que asegura que las obligaciones legales se mantendrán vigentes sin importar las tecnologías actuales o futuras utilizadas para el procesamiento de datos.
Así, la ley se anticipa a la rápida evolución de las herramientas digitales y garantiza su aplicabilidad en escenarios aún por desarrollarse, como la inteligencia artificial y el big data.
Consentimiento, transparencia y derechos digitales
El proyecto introduce conceptos clave como la “autodeterminación informativa”, es decir, el derecho de cada persona a decidir de forma libre, previa, expresa e informada sobre el uso de sus datos personales. Esto implica que las plataformas digitales, aplicaciones y servicios online deberán obtener un consentimiento claro y específico antes de recolectar o tratar información personal, y deberán informar de manera sencilla y accesible sobre el destino y uso de esos datos.
“La novedad respecto al consentimiento es que en el nuevo proyecto se requiere además que el consentimiento se exprese mediante una declaración o una clara acción afirmativa, alineándose con la postura legislativa global y evitando con ello una serie de prácticas abusivas de las empresas al momento de solicitarlo”, explicó a TN Tecno David Regairaz, abogado especialista en protección de datos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.
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Esto adquiere especial importancia en cuestiones como las políticas de cookies (necesarias o de sesión, persistentes, marketing entre otras) hasta la información que cada ente debe brindar al titular de los datos.
“En el caso de las cookies, la nueva normativa implicaría que las webs y apps deban adoptar una posición más proactiva al momento de cuidar los derechos de los titulares, por ejemplo, seteando todas las cookies por defecto en “no” o en “no acepto” o en “rechazo/ar”. Sin perjuicio de que puede parecer algo menor, no lo es; ya que es un gran paso para evitar que las cookies puedan ser utilizadas para perfilamientos y luego estos utilizados para tomar decisiones que en algunos casos pueden tener efectos jurídicos”, agregó Regairaz, fundador de la consultora itslegal.io.
Además, la ley refuerza los principios de licitud, lealtad y transparencia, y exige que el tratamiento de datos sea siempre lícito, honesto y comprensible para el . El texto prohíbe expresamente el uso de medios engañosos o fraudulentos, una práctica lamentablemente frecuente en el entorno digital.
Foco en la protección online y el control ciudadano
El documento presentado en Diputados define los datos personales y también aquellos que son sensibles -la orientación sexual, creencias religiosas o información de salud, genéticos, etc-. Y agrega en estos últimos, como novedad, los datos biométricos que suelen ser objeto de especial vulnerabilidad en plataformas online y que no están contemplados en la norma vigente.
“En el caso de los datos biométricos la reforma se queda corta, debido a que únicamente considera como “sensibles” a aquellos “cuando puedan revelar datos adicionales cuyo uso pueda resultar potencialmente discriminatorio para la persona Titular de los datos y que identifican o hacen identificable de manera unívoca a una persona humana”, explicó Regairaz. Y agregó: “La diferencia no es poco importante, ya que el uso de este tipo de datos personales sensibles -biometría- se ha hecho masivo y además se trata de información sobre una persona que invade bastante su privacidad, por lo que su uso debe realizarse con precaución. Lo recomendable sobre la biometría es que en cualquier caso es un dato personal -al igual que en las normativas europeas-, sin requerirse ningún extra como lo hace el proyecto”.
Otra de las novedades es la del establecimiento obligatorio del Analisis de Riesgo y que en caso de que sea posible una grave afectación a los derechos y libertades de los titulares, se deberán realizar una Evaluación de Impacto de Datos Personales de manera previa al tratamiento de datos.
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En línea con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, la ley argentina establece la obligatoriedad de designar un Delegado de Protección de Datos (DPO) en empresas y organizaciones que traten información a gran escala, y exige la notificación de incidentes de seguridad que pongan en riesgo la integridad o confidencialidad de los datos.
“Quizás esta sea una de las grandes novedades y que puede dar lugar a una mayor protección a la ciudadanía en general, debido a que muchas empresas y todos los entes públicos deberán (bajo pena de sanción) designar a una persona encargada de proteger los datos personales de los titulares. Si bien es un avance bienvenido, se resalta que el nuevo proyecto de ley incurre en errores respecto a las tareas que el DPO debe llevar a cabo, al indicar, por ejemplo, que debe realizar las auditorías cuando en rigor de verdad su función es la de supervisar las auditorías", comentó el abogado.
Alcance internacional y responsabilidad proactiva
Otro punto destacado es el alcance extraterritorial de la ley: no solo se aplicará a empresas y entidades radicadas en Argentina, sino también a aquellas que, desde el exterior, ofrezcan bienes o servicios a s argentinos o realicen seguimiento de sus actividades online. Esto es especialmente relevante en un contexto donde los principales actores digitales (redes sociales, plataformas de streaming, marketplaces) suelen tener sede fuera del país.
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El proyecto también introduce el principio de “responsabilidad proactiva y demostrada”, que obliga a las empresas a implementar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos y a demostrar ante la autoridad de aplicación que cumplen con la normativa.
“Dentro de este principio, comúnmente conocido como ability, se debe poder acreditar frente al regulador que se han establecido las medidas de seguridad adecuadas para prevenir la producción de brechas de datos personales y en definitiva cuidar la confidencialidad, integridad y accesibilidad de estos”, explicó Regairaz a TN Tecno.
Todas las novedades mencionadas, que son algunas de las existentes, vienen de la mano de un sistema de sanciones sustancialmente más gravoso que el actual, por lo que el incumplimiento de las obligaciones mencionadas dará lugar a sanciones por parte de la Autoridad de Aplicación.
“Sobre esto último, el nuevo proyecto crea la Agencia de Protección de Datos que será el ente regulador que tendrá entre otras funciones las de concientizar, organizar el plan de acción a nivel nacional, llevará a cabo las investigaciones sobre presuntas violaciones a la norma y, eventualmente, aplicará las sanciones en caso de infracción”, finalizó el abogado.
Un debate urgente en tiempos de hiperconectividad
La presentación de este proyecto de ley llega en un momento clave: según datos de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), el 90% de los argentinos utiliza internet, y el 80% accede a servicios digitales que requieren la entrega de datos personales. Sin una regulación moderna y efectiva, los riesgos de filtraciones, usos indebidos y vulneración de derechos aumentan exponencialmente.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Vía Libre, celebraron la iniciativa, aunque advierten sobre la necesidad de un debate amplio y participativo que incorpore la voz de los s, expertos en ciberseguridad y actores del ecosistema digital.
